#SaludMentalFeminista
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra hoy 8 de marzo, la Red Estatal de Mujeres SALUD MENTAL ESPAÑA denuncia las dificultades que se encuentran en el acceso al sistema de salud público español. Denunciar las múltiples vulneraciones que sufren dentro del mismo a través de una serie de infografías, bajo el hashtag #SaludMentalFeminista, es el objetivo principal de esta campaña, que cuenta con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Uno de los aspectos que reivindica la campaña, es la sobremedicación de las personas con problemas de salud mental, y especialmente de las mujeres. En España, las mujeres son prescritas el doble de veces que los hombres con psicofármacos. Los roles de género y la sobresaturación de la sanidad pública contribuyen a provocar dicha sobremedicación. “El hecho de ser mujer influye, al haber una tendencia a pensar que exageramos, que somos unas histéricas”, explica Estefanía Arias, representante de la Red Estatal de Mujeres. Clara González, también perteneciente a la Red Estatal de Mujeres, argumenta que “ser leída como mujer en una sociedad heteropatriarcal, la cual tacha de `loca´ o `desquiciada´ ciertas actitudes que en los hombres son magnificadas, tan solo consigue perpetuar los roles de género”.
En este sentido, la Red reivindica la necesidad de integrar la perspectiva de género en la atención a la salud mental, y dotar a la sanidad pública de los recursos necesarios para evitar la saturación de la atención primaria y de las especialidades de la Psicología y la Psiquiatría.
Ingresos involuntarios y proceso de recuperación
Muchas personas con problemas de salud mental se enfrentan a vulneraciones múltiples y sistemáticas de sus derechos durante los ingresos involuntarios en la sanidad pública española.
Según González, las mujeres sufren vulneraciones específicas durante estos ingresos. “Se nos tiende a infantilizar y tratarnos como unas `exageradas´ o `desquiciadas´. Como persona que ha sido ingresada involuntariamente, la vulneración de la intimidad, del contacto físico (dar un abrazo a una compañera que lo está pasando mal), y la falta de trato humano y tacto en general, son lo que más me dolió”, asegura.
Otra de las mujeres representantes de la Red, Elisabeth Lemos, afirma que, en su experiencia, durante los ingresos involuntarios “no se respeta la intimidad de la persona al bañarse, revisan sus objetos personales, no se puede tener móvil, te atan a la cama a veces sin motivo, las contenciones mecánicas, prohibición de que venga tu familia a visitarte antes del COVID… peor que una cárcel”.
Por todo ello, la Red reivindica que se cumpla la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es fundamental tender a la contención cero y a la progresiva reducción de los ingresos involuntarios en pro de otras medidas más eficaces y en consonancia con los derechos humanos.
Respecto al proceso de recuperación, la falta de recursos en la sanidad pública hace que no se le dedique la atención suficiente y que este no esté adaptado a las necesidades de las mujeres. Es necesario un modelo de atención comunitaria que integre los diferentes recursos socio-sanitarios, que sitúe a la persona en el centro de cualquier intervención, y que ofrezca respuestas a sus necesidades individuales, incluyendo la perspectiva de género.
“Mi psiquiatra no me informó de los recursos a los que podía acceder. Se dedicó solo a pautar medicación”, recuerda Arias. Para Lemos, “la sanidad pública no contempla las necesidades de las mujeres con problemas de salud mental que se enfrentan continuamente aún a una doble discriminación por el hecho de ser mujer”. Por su parte, González encontró dificultades añadidas: “Al ser mujer, sobremedicada y muy joven, solo me encontraba en situaciones límite que ponían en peligro mi integridad y mi salud, ya que siempre buscaba reafirmación y aprobación masculina en mis relaciones”.
Obstáculos a la maternidad y precariedad en los cuidados
Otra de las dificultades de acceso con las que se encuentran las mujeres con problemas de salud mental, es el estigma o la falta de información sobre la interrupción de la medicación en el caso de que deseen ser madres.
Es el caso de Elisabeth, a la que le gustaría ser madre en dos años, teniendo los apoyos que no tuvo en su momento. “La sociedad te juzgaba y estigmatizaba por tener un problema de salud mental, y querer ser madre era un crimen”, lamenta. Lemos denuncia que “se vulneran constantemente nuestro derecho a decidir si queremos ser madres o no, y nos juzgan duramente hasta el punto de que, al quitarte la medicación y estar vulnerable, inducirte a que abortes”.
En el caso de Clara González, tiene claro que no desea ser madre. “Estoy cansada de que se me infantilice y que tengan actitudes capacitistas y cuerdistas conmigo. No quiero eso para mis hijas e hijos”, afirma, y recuerda: “Hay dificultades para las personas gestantes que desean ser madres y que tienen un trastorno mental y tienen pautada una medicación, por el simple hecho de que no hay estudios de cómo esta afecta en el embarazo”.
La solución pasaría por impulsar servicios públicos de información, orientación y acompañamiento con perspectiva de género acerca de la maternidad y, en su caso, planificación familiar que apoye a las mujeres en el proceso de la toma de decisiones en condiciones de igualdad y libertad.
Por último, la Red Estatal de Mujeres denuncia que la perpetuación de los roles de género y la falta de recursos públicos afecta a las personas cuidadoras, habitualmente mujeres, en el ámbito privado no remunerado, lo cual puede impactar en su salud mental. “El papel de cuidadora es digno, pero no siempre es de libre elección”, opina González. La Red reivindica una educación no sexista centrada en la inclusión, corresponsabilidad y cuidados, así como recursos públicos que impidan que el peso de esta responsabilidad recaiga mayoritariamente sobre las mujeres.
